POLÍTICA

El PP eleva a 1.819 millones los fondos de empleo sin ejecutar.
Crítica - Crespo cree que Diaz "pasará a la historia como la peor gestora" de Andalucía.
En cifras - Entre 2013 y 2015 se dejó de utilizar el 67% de los 2.707 millones disponibles.
Efectos - Se devolvieron partidas al Estado y el Fondo Social Europeo está bloqueado.
El PP ha encontrado un filón  en torno a la formación  y las políticas de empleo de la Junta y no está dispuesto a soltar esa presa fácilmente. La portavoz del grupo parlamentario, Carmen Crespo, hurgó ayer de nuevo en la herida coincidiendo con las eternas polémica que rodean a la comisión de investigación parlamentaria sobre los cursos y en paralelo a las causas que investigan 18 juzgados de toda Andalucía. Con un cuadro de datos en la mano, denunció que entre 2013 y 2015 la Junta ha paralizado la ejecución de hasta 1.819 millones de euros que debían haberse destinado a políticas activas de empleo, algo que a su juicio le confiere el dudoso honor de "pasar a la historia como la peor gestora" en esa parcela en la historia reciente de la comunidad.
La cifra extraída de los balances oficiales de la Oficina de Control Presupuestario revelan que en esos tres años la Junta habría optado por utilizar solo 788 millones de los 1.429 que tenia consignados el SAE, el 55% del total, y 99,73 millones de los 1.277 millones de los fondos de formación para el empleo, apenas un 8%. El total solo habría ejecutado 887,81 millones de los 2.707
consignados en el trienio, obviando un 67% del crédito definitivo.
Crespo incidió en que esas políticas canalizan fondos finalistas (los que tienen un especifico y si no son utilizados para este fin hay que devolverlo) que provienen del Estado y de Bruselas, aunque también de recursos internos de la junta.
Al no ejecutarlos, la Administración andaluza tuvo que reenviar a Madrid de vuelta unos 465 millones. A eso se sumarían  las cantidades que se han dejado de ingresar por la paralización del Fondo Social Europeo desde 2007 por las irregularidades que Bruselas intuía en la formación y que la Junta insiste en desvincular de ese capitulo.
De una forma o de otra, el PP está convencido de que Díaz ha "fulminado y dilapidado" las políticas de formación para el empleo y recuerda que fue la propia presidenta la que confirmó que había dado
orden de paralizar tras los escándalos que ahora investiga la comisión y los juzgados. Eso, alertó Crespo, contraviene "la Constitución y el Estatuto" porque, entre otras irregularidades, trabajadores y empresarios siguen cotizando por ello aunque por ello aunque no reciban ninguna formación.