INSTITUCIONES SÓLIDAS PARA
                                                                                               SALIR DE LA CRISIS

Un país con estructuras políticas y económicas fuerte esta mejor preparado para afrontar las coyunturas adversas. En España, el impulso reformista se ha frenado y eso ya afecta al empleo.

Instituciones sólidas para salir de la crisis.

Un país con instituciones y estructuras económicas sólida se encuentra mejor  preparado para afrontar y salir de una crisis que otro que carezca de instituciones con capacidad de respuesta y débiles sectores económicos.
La mayoría de los países europeos han llevado a cabo reformas durante el periodo 2011-2013. Sin embargo, el impulso reformista parece haberse agotado, lo que está impidiendo una salida mas rápida de la actual situación que reducido crecimiento que impide crear empleo  neto y estable. De tanto emplear la expresión  reformas estructurales y de tanto asociarla, exclusivamente reformas liberalizadora del mercado de trabajo se ha convertido en una expresión maldita, cuando la reforma puede convertirse a otro ámbito de la economía y no requerir  recurso públicos para implementarias.

La ausencia de reformas se manifiesta de manera muy clara en la evolución  de la productividad total de los factores (PTF), que mide la eficiencia con la que los recursos del capital y del trabajo son utilizado en la actividad productiva, siendo la variable clave que explica el crecimiento económico a largo plazo. La evidencia, sin excepciones, para todos los países europeos, es que el crecimiento de estas variable se ha reducido a la mitad en el periodo 1995-2015 respeto de los 10 años anteriores. En el caso de España, es especialmente grave, porque el crecimiento ha pasado del 1% al 0% en los 

periodos señalados.
Esta contabilidad del crecimiento implica que, para que España crezca, son necesario volúmenes crecientes de inversión  y de creación de empleo estable, lo que entraña una gran dificultad en una época de crisis e incertidumbre. Y aún así ese crecimiento no estaría garantizado.
Son las reformas de las instituciones, junto a un conjunto de incentivos  para que los agentes privados se comporten  de forma eficiente, las que facilitan el crecimiento de la PTF.
En España, hay sectores en los que el gran poder de mercado de las empresas obstaculiza el crecimiento, singularmente las empresas eléctricas que suministran el servicio de los usuarios finales. En otros casos son las normas legales, que carácter horizontal afectan a todos los sectores y agentes. Las 100.000 normas que gobiernan nuestro país representan un peso muerto crónico sobre la actividad económica, reduciendo, con carácter permanente, el crecimiento  y la creación de empleo.
Esas 100.000 normas tienen especial incidencia sobre el ámbito laboral-con mas de 40 tipos de contratos-, el fiscal-con modificaciones anuales en los impuestos principales, renta y sociedades-y en el administrativo en donde muchas empresas y ciudadanos tienen que enfrentarse a la prolija de 18 administraciones  distintas. Simplificar sustancialmente todo el entramado legal contribuiría a un mayor crecimiento con carácter permanente.
Una excesiva regulación  daña el crecimiento económico. Pero también lo daña el crecimiento económico. Pero también lo daña la ausencia de la misma o una regulación  inadecuada, como el caso de las eléctricas. No hay justificación, tanto en este sector como en otros, para que después de la sustancial reducción de los costes laborales unitarios inducido por la crisis, no se haya trasferido esa reducción a unos precios inferiores para los consumidores. Si esos ajustes, es mas difícil y costosos salir de la crisis, porque se acumulan los beneficios de una manera desproporcionada en las empresas a las empresas y la economía no gana competitividad al no bajar los precios. Este proceso solo tendrá lugar con una regulador fuerte, independiente y profesionalizado. En España una reforma del regulador sobre esas lineas depararía grandes beneficios para los usuarios y para la competitividad de la economía, facilitando la entradas de nuevas empresas y reduciendo las cargas administrativas del sector.
Una regulación inteligente resulta clave para el buen funcionamiento de los mercados. Una excesiva regulación del mercado de trabajo, produce, típicamente, elevados costes a las empresas y no genera
un escenario con mayor empleo de cierta estabilidad. En ese entorno,las empresas desaparecen con una crisis. Pero en el otro extremo, un mercado de trabajo muy desregulado provoca que la mayorías de las empresas lleven a cabo contrataciones a muy corto plazo, dañando enormemente  la capacidad de crecimiento, al no mejorar el capital humano de los trabajadores.
En todo caso, una adecuada regulación de un mercado tan complejo como el del trabajo exige adoptar una perspectiva amplia para que tenga éxito. No se trata solo de establecer normas para contratar ni despedir trabajadores. Ha de tenerse en cuenta los mecanismos de fijación de salarios-si éstos se fijan en empresas, en sectores o en un ámbito nacional-, la protección general de los empleados especialmente en el caso de desempleo, la fiscalidad sobre la renta y las políticas de formación a los trabajadores. Solo con una visión global se podrá mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo para que se genere mas empleo.

Las reformas institucionales en España deberian mejorar sustancialmente la efectividad de los gobiernos de todos los niveles-central, autonómicos, local-, elevar la calidad regulatoria , garantizar la aplicación y cumplimiento de las leyes y reducir en gran medida la corrupción. En todos esos ámbitos, las posibilidades de mejorar en nuestro país son enormes y la mayorías de ellas no exigirían un aumento del gasto público o de los impuestos, o una perdida de empleo en el mercado de trabajo. Datos recientes del Banco Mundial, indica que solo cuatro países de los 27 que componen la UE presentan peores resultados que España en cuanto a calidad institucional.
España necesita voluntad política para enfrentarse a intereses creado que consiguen ingresos de los ciudadanos y de las empresas de manera no competitiva, y que profundicen en este reformismo progresista.