EL CASO GARCÍA - PELAYO

Nadie va a compensar a la exacaldesa de jerez por el calvario sufrido en estos siete años en que no se ha respetado su presunción de inocencia.

La decisión del Tribunal Supremo de archivar la causa abierta contra la exacaldesa de Jerez y diputada del PP Maria José Garcia - Pelayo debería obligarnos a todos, desde la clase política a los medios de comunicación, a hacer una profunda reflexión sobre nuestra habitual falta de respeto al derecho a la presunción  de inocencia de inocencia en cuanto se formula una acusación, con o sin fundamento, o se imputa a investigar a un político, este o no en el poder. Garcia Pelayo ni siquiera se ha sentado en el banquillo de los acusados por que según el instructor, se firmo expediente no lo hizo a sabiendas de su arbitrariedad y por que era imposible materialmente que pudiera haber comprobado la veracidad de todos y cada uno de los informes que a diario le elevaban los técnicos municipales. Sin embargo, la sombra de la mesa sospecha se ha cernido sobre ella durante los sietes últimos años y eso ha sido interpretado por sus adversarios políticos como un motivo mas que suficiente para exigir su dimisión o destitución de todos sus cargos, por presumirse su culpabilidad, en una inversión  de la carga de la prueba. Si Garcia Pelayo hubiera sucumbido a las presiones hace años que se hubiera retirado de la vida política y quedado moralmente destrozada. Al proclamarse su inocencia, no hay motivo para que no repita candidata al Congreso, pero nadie podrá compensarla por el calvario sufrido. Ningunos de los que pedían su cabeza se han disculpado públicamente por su error ni habrá echo propósito de enmienda. Entre nosotros, tirar la piedra sin que nadie condena alguna previa sigue saliendo gratis.