EL CAOS DE LA FORMACIÓN

La incapacidad para supervisar el excesivo número de curso sirvió de coartada para que se exonerara a sus organizadores de justificarlos.

Un alto cargo de la Junta de Andalucía que ha comparecido ante la comisión del Parlamento que investiga sobre el presunto fraude multimillonario en los cursos de formación  aseguró que no hay ningún sistema en el mundo que sea capaz de gestionar entre 3.000 y 5.000 cursos al año financiados
mediante subvenciones. Ese gran numero se inferiría  como eximente para el descontrol imperante y la supuesta incapacidad del Gobierno andaluz de comprobar el correcto empleo del dinero concedido para la recualificación de los parados. Aunque desde que estallo el escándalo y se paralizaron los cursos, hace cuatro años, no se ha organizado ninguno más en una región con casi
un millón de desempleados, la Junta todavía tendría pendiente de verificación 2.462 expedientes, que
supondrían unos 539 millones de euros en números redondos. Si se analiza los datos ofrecidos en la comisión  se observa que el Gobierno andaluz aprobaba entre ocho y trece curso al día, cursos que tenían una duración limitada. Si se porratea la cantidad entre el ejercito de funcionario con que cuenta la Junta más miembros de la denominada "administración paralela", no parece difícil de gestionar. Pero si realmente la tarea se ha revelado hercúlea y su superior a sus fuerzas, entonces cabe preguntarse por qué si no había capacidad para supervisar tal numero de cursos la maquinaria administrativa le daba luz verde una y otra vez. La misma  incapacidad de supervisión  se convierte en la mejor coartada para desembocar en lo que se desembocó: la exoneración de justificar el uso de las subvenciones recibidas.