LA JUNTA ACABA PAGANDO

La consejería de empleo acabará pagando entre 12 y 13 millones de euros como forma de resolver el "sudoku" jurídico y problemas económico y político que se habían convertido los consorcios-escuela repartido por la mayorías de las provincias y cuyos 167 trabajadores llevaban en algunos casos sin cobrar sus nóminas desde hace casi año y medio. El de los consorcios, que nutrían de subvenciones otorgadas por la Unión Europea, es otro de los "affaires" derivado de la desastrosa gestión y faltas de controles en materia de política de empleo heredada de gobiernos anteriores y que han propiciado escándalos como el de los ERE y los cursos de formación . La sistemática vista gorda, unida a la exoneración  del deber de justificar el uso de las subvenciones recibidas, creó el caldo de cultivo idóneo para que el dinero concedido a los consorcios acabara destinado a gastos indebido/y desviado a a compras presuntamente delictiva que investiga la justicia. L Junta se vio obligada a exigir el reintegro del dinero por una cuantía no desvelada y ahora cierra el circulo encomendado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que se haga cargo de los bienes de las deudas de estos organismos y también de sus plantillas, que habían quedado en desamparo, para poder continuar con su labor informativa.Al final, pues, el Gobierno andaluz acaba pagando por los desmanes de uno y otros y convirtiéndose en acreedores de si mismo, pero al menos soluciona definitivamente el problema de estos 167 trabajadores victimas inocentes y de 5.000 alumnos, que tendrán de nuevo una via para su futura inserción laboral.