CHAVES Y GRIÑÁN, AL BANQUILLO POR LOS ERE
Tribunales - El juez cierra la instrucción de la pieza política con un auto en el que cree imposible que los altos cargos desconocieran la trama.
UN PASO MÁS - El que fuera presidente de la Junta durante 19 años es acusado de prevaricación y su sucesor señalado además por malvesación, un delito que podría llevarle a prisión
CARA Y CRUZ - el Juez martín actúa contra 26 investigados y exculpa a 24.
Manuel Chaves y José Antonio Griñan los presidentes ya jubilados que en conjunto sostubierón las riendas de la Junta de Andalucía durante 23 años, están ahora más cerca del banquillo después de que Alvaro Martín, el juez de refuerzo que recibio de su superiora Maria Nuñez Bolaño en el encargo de finiquitar las instrucción de la pieza política de los ERE, haya avanzado desde las diligencias previas hasta el procedimiento abreviado que fija las acusaciones definitivas que pesan sobre ellos. Tras cinco largos años de indignaciones y de atar cabos el auto difundido ayer y que debe desembocar en el juicio oral señal formalmente a los dos expedientes y a 24 exaltos cargos que formarón parte de su gobierno. De Chaves, jefe del ejecutivo autonomico entre 1990 y 2009, sospecha el juez que cometio un delito continuado de prevaricación administrativa, el mismo que imputa a su antecesor José Antonio Griñan, aunque a éste le añade otro adicional que en su día no aprecio el magistrado del Tribunal Supremo que esbozo  su acusación inicial al ser aún aforado el de malversación de fondos públicos. Apenas una hora después de conocerse la noticia ambos tramitaban su baja en el PSOE  para cumplir con el reglamento y el código ético del partido, que fuerza la baja de cualquier militante cuando se abre juicio oral en su contra.
Ademas de los dos expresidentes, Martin fijas acusaciones a seis exconsejeros que ocuparon cartera durante sus mandatos. A Gaspar Zarria y Magdalena Alvarez, por prevaricación . A Jose Antonio Viera, Antonio Fernandez, Carmen Aguayo y Francisco Vallejo le añade, como a Griñan , la acusación de malversación . La suma de los presuntos delitos contempla en el antiguo Código Penal,
el que rige en la macrocausa  de los ERE penas de entre 4 y 8 años de prisión. El de prevaricación no implica cárcel, tan solo inhabilitación  para cargo publico (7 años, 10 años o mas de 10). El auto no obstante, no entra en esa consideraciones porque se limita a dar la por cerrada la instrcción de traslado a las partes (acusaciones y defensa) y le concede un plazo para presentar sus calificaciones de delitos y exigir penas.
Del juicio se libran 24 de los 51 investigados iniciales para los que se decreta el sobreseimiento provisional  de su causa, entre ellos los exconsejeros Antonio Avila, Manuel Recio y Martin Soler, así como el expresidente de el Monte, José Maria Bueno Lidón y aún el primer directivo de Unicaja, Braulio Medel. No se salva, por pura lógica , uno de los principales señalados en toda la trama fraudulenta: el exdirector General de Empleo Francisco Guerrero, acusado de prevaricación y malvesación.
A los 26 procesados señalados en el auto se le intuye algun grado de responsabilidad en la creación, cónsentimiento o mantenimiento del denominado procedimiento específico. Ese fue el termino con el se bautizo durante la instrucción el mecanismo forjado y alimentado durante una larga década en las entrañas de la Administración autonomica desde 2000 a 2011, para desviar cantidades millonarias hacia la supuestas ayudas sociolaborables que se concentra de forma arbitraria, sin contol ni supervisión alguna y que acabarón camuflando prejubilaciones fiticias  de personas que jamás habián trabajados en las empresas beneficiarias.
El juez Martín pone incluso cifras a supuestos fraudes: se desconoce aún su alcance real, pero considera probado que no seria nunca inferior a los 854 millones. Esas cantidades, salida de las arcas publicas, se distribuyeron mediante un mecanismo "contrario a Derecho"  y diseñado para
"eludir la aplicación  de los procedimientos ordinarios y en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la JHunta de Andalucía", de la intervención estatal e incluso
de un afamado bufete. Ese último detalle marca la frontera entre la imputación por prevaricación 
y por malversación y por malversación. Quienes acumulan los dos como, como el propio José Antonio Griñan, tres de sus consejeros y otros 14 altos cargos se enfrenta a prisión  porque sgun el juez Martín  ademas de ignorar todo el carrusel de irregularidades obtuvieron también los informes
y las voces de alerta de la intervención General de la Junta. Este organismo clave en el control de fondos públicos  había advertido en 2005 en varios informes de que el director general de Trabajo,
Javier Guerrero, otorgaba "ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantias y fines propios de las ayudas y subvenciones"  a las que destinaban aquellas partidas.
"Y no hicieron nada para evitarlo" concluye el instructor.
Esa apreciación  es clave en el caso de Griñan. Cuando declaro en el Tribunal Superior al ser aún parlamentario nacional  y por tanto aforado, el juez Jorgue Alberto Barreiro solo aprecio un supuesto delito de prevaricación  administrativa. Ahora se agrava  con el de malvesación  de fondos publivos porque Martín entiene que durante su etapa  de consejero de Economia y Hacienda, de 2004 a 2009, tuvo que desoír las indicaciones que formuló la intervición de la Junta.
La argumentación incluye párrafo contudentes. El juez Martín considerar a todos los encausados responsables de "generar, implantar, mantener e impulsar" entre los años 2000 y 2011, desde el Gobierno de la Junta y en concreto desde la Consejeria de Empleo, un procedimiento especifico que
regateaba todos los controles legales y quye se servia de "modificaciones ilegales de partidas presupuestarias" para amansar fondos públicos que forma "arbitraria y discrecional" derivada hacua la empresa sin justificación, sorteando el estricto  mecanismo de controles legales y de forma discrecional. Y en ese engranaje supuestamente ilicito aparece loa figura del IFA , posteriormente Agencia IDEA, que ejercia como "caja de pagos" tras recibir los fondos, para luego distribuirlo sin control ni criterios objetivos algunos.
IMPOSIBLE NO CONOCERLO.
Igual de contundante es otro argumento clave: tanto a Caves como a Griñan y al resto de altos cargos de la Junta se le acusa formalmente porque el juez que era prácticamente "imposible" que desconocierán el funcionamiento del mecanismo diseñado. "Quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo que fondos públicos eran puestos en mano de personas no autorizadas
para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin
justificar los motivos de la concesión , sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ellos el erario de la Junta de Andalucía".

Existían , por tanto. "autoridades o funcionarios" que instauraron un "procedimiento de repartos de fondos públicos , originalmente destinados  a ayudas y subvenciones, que se ha traducido en la dispocisión de los mismos por personas no autorizadas para ello". En ese punto el juez apunta directamente a Javier Guerrero, director General de Trabajo en la época en la que se esfumaron las
partidas millonarias. Era él quien supuestamente disponía cuánto dinero se movilizaba, hacia donde y como se distribuía, ya fuera en forma de ayudas sin justificar libradas hasta empresas o para incluir intrusos en prejubilaciones ficticias. Lo hizo de forma reiterada "a traves de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para lo que estos fondos estaban destinados", y a sabiendas de que no era competente para ello hasta que sus funciones se vieron limitada por una orden de 2010. Quienes le superaba en el escalón de la Junta, en especial en Empleo , debian conocerlo , sostiene de forma reiterada el juez.
En el repaso al largo historial de hechos acumulados durante una década el juez recuerda que la mediación  ilícita propicio  que en los ERE aparecieran intrusos para jamas  trabajaron en las empresas que recibieron  ayudas o cómo se pagaron sin rubor comisiones desorbitadas a intermediarios, los llamados sobrecostes que manejaban los conseguidores . Y todo ello, "sin justificación ni criterio" por parte de altos cargos.
En las conclusiones se cierra cualquier resquisio a la duda. El auto atribuye  por ejemplo a todos los acusados el delito de prevaricación  continuada porque se supone que "conocían  la ilicitud del sistema queestaban instaurando y, por tanto no deben de admitirse su aducida ignorancia". Las partes, tras recibir ayer la notificación del auto, tienen ahora 45 días naturales para presentar su escrito en el que soliciten la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.