La Junta ha abierto un nuevo frente contra el Gobierno, en funciones, sin esperar siquiera el resultado de las elecciones a cuenta de la reválida de Primaria, una medida prevista en la Lonce pero cuya aplicación se ha mostrado dispuesto a negociar el ministro sustituto de Wert, Iñigo Mendez de Vigo. Es un hecho demostrativo de que hasta una cuestión esencial como la educación puede ser un objeto de mercadeo político. Llevamos siete leyes educativas distintas en democracia porque cada Gobierno desmonta el modelo educativo del anterior e instaura el suyo cada uno teóricamente mejor que el precedente. Ninguno sin embargo, ha servido para que España en general, Andalucía en particular, haya abandonado los puestos de cola en el sistema de evaluación internacional PISA. No abogamos por la reimplantación de la reválida entendida como un examen e que el alumno, influenciado por infinidad de circunstancias, se juega su futuro a una sola carta. La evaluación continua de su tarea diaria por sus profesores, sistema teóricamente ideal, tampoco ha servido para mejorar el nivel de nuestros estudiantes, quizás porque las exigencias son demasiadas laxas, de ahí que parezca conveniente algún tipo de evaluación externa que sirva de termómetro corrector de las practicas en nuestras aulas. Lo que está claro es que algo, por no decir bastante, falla y hay que introducir cambios. Mas que convertir la educación en campo de batalla, como la Junta, se necesita tras el 20-D un pacto de estado sobre un modelo educativo aceptable para todos y que capacite a nuestros estudiantes por los desafíos del siglo XXI.
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