BLINDAJE SÓLO SI HAY DINERO

El consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía  ha aprobado el proyecto de nueva ley de Servicios Sociales que debe sustituir la normativa existente desde el año 1988, y ha subrayado ante la opinión publica que su objetivo primordial en el blindaje de las prestaciones sociales, de forma que los andaluces podrán acudir incluso a los tribunales a reclamar sus derechos,por lo que teóricamente tendrán garantizada la satisfacción de las necesidades básica, como la comida, el agua y el suministro de electricidad. Sin embargo, ese supuesto blindaje de los derechos básicos no queda garantizado como publicita de la Junta, ya que no condiciona a la asignación  de los recursos existentes, la situación económica y cumplimiento del objetivo de déficit o de estabilidad presupuestaria. O sea, lo mismo que ahora, por lo que si no hay suficiente dinero no hay ningún blindaje que valga, por muchos derechos que se proclamen-incluido bel de reclamarlo ante la justicia-y tarjetas sociales digitales y seguimiento de itinerario personalizado que se implanten. Como precedente tenemos la ley de Dependencia, que data del año 2007. Pese a que también  teóricamente obliga a todas las Administraciones Publicas, observemos cómo el Gobierno y la Junta se pelean por la financiación de las prestaciones que impone y se estima que hay 118.000 andaluces ser evaluados o que se le reconozca la asistencia que demanda por su incapacidad. El proyecto de la ley de Servicios Sociales es un magnifico catálogo de derechos teóricos, pero su blindaje es más un deseo que una garantia legal. La economía manda.