ADMITIDA UNA QUERELLA POR VALORES SANTANDER

En el mes de septiembre de 2007 el Banco Santander realizo una emisión de 1.400 valores de 5.000 € cada uno que hace un importe total de 7.000 millones de euros para financiar la adquisición del Banco holandés ABN AMRO y se vendieron a unos 130.000 clientes, la mayorías pequeños inversores o ahorradores " de perfil conservador bajo la apariencia que se trataba de una especie de deposito a 5 años". Así se explica en detalles la querella presentada y admitida ante el juzgado de Instrucción nº 2 de Santoña  contra el director del Banco de Santander de Noja y "quienes resulten ser coautores cómplices o encubridores". Además de por estafa también se presento por delito de falsedad documental porque, según el querellante, el Santander había cambiado la fecha del documento 10\09\07 al 21 de ese mismo mes y año cuando se había hecho publica las características de ese producto a través de la nota de valores que se registro en la CNMV el día 9. El querellante al que el Santander vendió este producto toxico llamado Valores Santander es un "labrador sin estudio" que hasta hace pocos años no había tenido bienes y que en 2.006, en plena burbuja inmobiliaria, obtuvo dos millones de euros por una parcela en la que cultivaba patatas y que fue recalificada. El director de la entidad, relata, que acudió a su domicilio en varias ocasiones aunque ya había retirado los fondos del Santander para llevarlo a otra entidad y finalmente le vendió los valores sin que se lo advirtiera, que el producto entrañaba riesgo de minusvalía. El juez de Santoña en un primer momento inadmitió la querella. Sin embargo el querellante apeló a la Audiencia de Cantabria, que ha revocado el Auto del juzgado de Santoña, ha admitido la querella y ha acordado la practica de Diligencia. Ordenando una investigación sobre la naturaleza y circunstancia de los hechos, considera conveniente investigar si esta inversión se desarrollo en un entorno habitual en las operaciones mercantiles o por el contrario se utilizó el engaño típico de inducir al querellante a un desplazamiento patrimonial tan importante como el que efectivamente se produjo. La Audiencia entiende imprescindible esta investigación , máxime cuando fue el director de la entidad bancaria Banco Santander el que personalmente acudió al domicilio del recurrente, además ya no era siquiera cliente del Santander, y no éste el que fue al banco para informarse del producto financiero. Sostiene además que el supuesto delito de falsedad no esta rescrito, porque si la alteración del documento y su supuesto objetivo hacer coincidir la fecha de la orden de compra con un momento en el que ya existe un documento informando de los riesgos, "pudo realizar en  momentos previos pero no muy distantes" de la entrega de esa orden de compra. El Banco de Santander está siendo demandado masivamente en todo el país por la comercialización de los cuestionados y controvertido "valores Santander", Las Sentencias condenatorias no se están haciendo esperar si bien en vía civil. El juzgado de Primera Instancia Nª 9 de Granada en su Sentencia de 15/10/12 condeno al Santander, anulando la compra de valores Santander y obligando a devolver al cliente 100.000 €. El juzgado de Primera Instancia nº 2 de Alicante en Sentencia de 05/03/12 declaro nula la compra de los valores y obligo al Santander a devolver al cliente 37.210 € por lo mismo, lesión del derecho de información en el proceso de comercialización. Y finalmente la Audiencia Provincial de Tenerife, Sección 3ª, ha confirmado una anterior sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº3 de Tenerife ha desestimado íntegramente el recurso de apelación del Santander obligando a devolver al cliente la cantidad de 100.000 €.
Es importante que el ciudadano sepa que no esta todo perdido y que todo no vale por muy poderoso que sea un Banco si se pisotea los derechos del consumidor, como en los últimos años desgraciadamente ha ocurrido en nuestro país por parte de la gran mayoría de la Banca. Esto ha sido un coto sin vallado, a la hora esquilmar a los propios clientes y es hora que sea la administración de justicia la que tome carta en el asunto, como de hecho lo está haciendo.