UN MAGRO BALANCE

La comisión de investigación sobre los cursos de formación se paraliza ante la campaña electoral sin haber entrado aún en materia.

El parlamento de Andalucía aprobó el pasado 10 de septiembre la creación de una comisión de investigación sobre el presunto fraude en las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía en materias de formación para el empleo y a la que se vio arrastrada el PSOE tras comprobar su soledad en la Cámara al respecto. Aunque compartimos la posición mayoritaria de suspender los trabajos de la comisión durante la inminente campaña electoral, para no condicionarla en ningún sentido y que los ciudadanos concentraran su atención en las propuestas de los partidos para la nueva etapa, que ya se prevé como una segunda Transición, ello no es óbice para dejar de exigir la rendición de cuentas sobre la labor realizada por los parlamentarios en estos casi dos meses. El balance no puede ser mas desolador: la comisión sólo se ha reunido en contadas ocasiones y sus integrantes, en función de su adscripción política, no han hecho más que quejarse bien por la escasa documentación enviada por la Junta y la carencia de medios tecnicos y de personas auxiliar para consultarla con criterios y orientación, bien porque los 31 millones de folios que dice el Gobierno andaluz que componen todo el material disponible son inmanejable si no se digitalizan previamente.
A ello hay que unir las restricciones en el acceso y el mismo espacio habilitado por la consulta. Entre la campaña electoral y enero, que es un mes inhábil en el Parlamento, la comisión llegara a las puertas de la primavera sin ningún avance sinificativo. En materia de corrupción, pues, patada a seguir y que corra el calendario.