JUZGADO DE CADIZ
SITUACIÓN DE LOS JUZGADOS EN LA CAPITAL GADITANA
El gran fallo
- Los juzgados de lo Mercantil y lo Social son los que acumulan más causas por la crisis económica
- Los protagonistas hacen un diagnóstico de la Justicia en Cádiz
"La Justicia si es lenta, no es justicia". Esta frase que utiliza el abogado gaditano Miguel Torres, la dejó escrita Ulpiano, un jurista romano de principios del siglo III. Sin embargo, 1.800 años después bien podría estar vigente para hoy en día.
En la capital gaditana los casos más delicados son el juzgado de lo Mercantil y los tres de lo Social. La crisis económica que se ha venido prolongando desde hace casi una década ha hecho que estas dos áreas se encuentren saturadas. "En muchos juzgados se sobrepasa los módulos fijados de sentencias por año. Pero a pesar de eso, en los de lo Social y lo Mercantil siguen entrando aún más casos y hace que no haya capacidad para resolverlos todos". Quien así se explica es Pablo Sánchez, juez decano de Cádiz, que identifica el problema en la cantidad de los concursos de acreedores que se han producido en estos años, en las reclamaciones por las cláusulas suelo contra los bancos, en lo que se refiere al Mercantil, y en los despidos y asuntos relacionados por la última reforma laboral en el tema de lo Social.
Una de las medidas que se tomaron para tratar de descargar los juzgados de lo Mercantil a nivel nacional es que las reclamaciones individuales por las cláusulas suelo se vieran en los juzgados de Primera Instancia, lo que ha hecho descargarlos algo de trabajo.
Otra ha sido una medida concreta aplicada al único juzgado de lo Mercantil que hay en la provincia de Cádiz: poner un juez de refuerzo. Esto hace que la jueza titular se encargue de los procesos concursales y el de refuerzo esté en todo lo relacionado con temas de transportes, impugnaciones de cuentas, etcétera. También se ha reforzado levemente el número de funcionarios, pero tal y como se señala desde el sindicato CSIF, la central mayoritaria en justicia, menos de los que habría si se creara el segundo juzgado de lo Mercantil que hay prometido y que aún no se ha hecho realidad.
En estas dos jurisdicciones, el Mercantil y el Social, se están fijando las vistas para principios de enero en el primero de los casos y finales de diciembre en el segundo. Es decir, son procesos que ya se han instruido y hay que esperar dos años para que puedan ser juzgados y sentenciados. Y eso sin contar después si hay recursos. En esto hay excepciones. Por ejemplo, cuando se trata de despidos se consideran procedimientos extraordinarios y, por lo tanto, se fijan los juicios en tres o cuatro meses.
Germán Bernal Soto, abogado especializado en estas dos áreas y que lleva algunos procesos concursales, relata el efecto que tiene el retraso que se produce en los señalamientos de los juicios entre los clientes: "Cuando se les explica que por una reclamación de cantidad pueden estar varios años, algunos desisten y otros muchos que deciden tirar hacia adelante, acaban agotados".
Este letrado lanza una reflexión interesante sobre un mundo en el que parece que todos los plazos superan lo razonable: "Los abogados y los procuradores somos los únicos profesionales que estamos sometidos a los plazos y no nos podemos saltar ni un minuto".
El Juzgado de lo Mercantil de Cádiz es el tercero más colapsado en Andalucía, después de los de Sevilla y Málaga y por delante de Granada.
En la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2015, que es la última que hasta ahora se consta, se podía ver la evolución que había tenido desde 2010 el número de concursos de acreedores que estaban abiertos en ese juzgado. En concreto en ese ejercicio se sobrepasaba los 150 pero la cifra fue subiendo y subiendo hasta acercarse a los 800 en el citado año 2015.
En esta misma memoria referida al último año estudiado, en un gráfico se puede observar que en ese año habían entrado unos 130 concursos, se habían resuelto un centenar y la acumulación de los pendientes llegaba prácticamente a los 800.
Si se abre a todos los asuntos, el dato es más escalofriante, ya que en 2015 el número de causas pendientes al inicio de ese año era de 2.313 asuntos, pero es que se registraron en ese ejercicio 2.589 y se pudieron resolver sólo 1.239, por lo que quedaban pendientes a finales de año 3.679. En estos datos la salvedad se encuentra en que ahí se incluyen las cláusulas suelo que después se derivaron a partir de 2016 a los juzgados de primera instancia.
A pesar de esta visión apocalíptica de la Justicia, el responsable de Justicia en CSIF a nivel provincial, Enrique Estévez, asegura que el partido judicial de Cádiz está mejor que otros como el de Algeciras, Jerez o Sanlúcar por citar sólo algunos casos.
El juez decano Pablo Sánchez, afirma que la dotación de personal en los juzgados gaditanos está "adecuada a la carga de trabajo que hay". Desde CSIF se asegura que en la actualidad hay unos siete u ocho funcionarios por juzgado, aunque ha habido refuerzos en el Mercantil y en el de Violencia de Género: "El problema es que los refuerzos debe ser para algo puntual pero al final se llevan tanto tiempo que pasan a ser estructurales y algunos pueden estar como refuerzos ocho o nueve años, como por ejemplo en la Fiscalía".
Otro asunto que afecta ahora a las plantillas es que para poder sustituir una baja de enfermedad, antes se hacía cuando esta podía superar un mes. Ahora, según el CSIF, eso ha pasado a los tres meses.
En las estadísticas del TSJA sobre los asuntos resueltos, se refleja hasta que se dicta sentencia. Sin embargo, se olvidan del último paso, las ejecutorias, que los funcionarios, tal y como afirman desde este sindicato, se las ven y se las desean para sacarlas adelante.
El abogado Miguel Torres, que se mueve en varias jurisdicciones pero sobre todo en la penal, reconoce que en casos como los relacionados con el tráfico y donde a los clientes se les da a elegir entre una multa o trabajos para la comunidad, "les aconsejamos que cojan estos últimos porque en muchísimos casos prescriben porque no se ejecutan".
Miguel Torres considera que la sociedad es la que sale la peor parada con los retrasos que se producen en la justicia. Pero a ello se le une que al poder aplicarse las dilaciones indebidas como atenuante en muchos casos, hay algunos delincuentes que han cometido delitos que se ven beneficiados por ello. El caso contrario es el de la persona que se ve envuelto en un proceso interminable y sometido a un gran desgaste psicológico: " Es lo que llamamos nosotros la pena de la espera", asegura Torres.
No hay comentarios:
Publicar un comentario