El Parlamento de Cataluña, con el único apoyo ede Junts Pel Si y la CUP, ha aprobado la declaración de inicio del proceso hacia la independencia, y la respuesta del Gobierno ha sido inmediata, la petición al Consejo del Estado del preceptivo dictamen para que, en el plazo de 24 horas, pueda recurrir al Tribunal Constitucional (TC) esa resolución y que ésta quede suspendida así como todos los efectos que pudieran derivarse del acuerdo parlamentario. El desafío soberanista que representa la decisión de Junts pel Si y la CUP de "desconectar" Cataluña del resto del Estado ha tenido la respuesta legal que podía esperarse del Gobierno central, mientra que el resto de las instituciones y representantes político se afanan en recordar, aún incluso respetando el deseo de los soberanistas, que la fórmula elegida atenta contra nuestro ordenamiento jurídico, Artur Mas reconocia ayer en la cámara catalana los precedentes del referéndum de autodeterminación de Escoicia y Quebec pero omitía un detalle de suma importancia: que todos fueron autorizados con un respecto escrupuloso de las leyes de los dos países en los que se encuentran esos territorios y que ambos estuvieron precedidos por una ardua negociación que impidieron cualquier salida rupturista.
Y ambos territorios salvando las enormes diferencias entre ellos, se mantiene como parte indisoluble
de sus estados, aunque con grados de autonomía diferente. Nuestro ordenamiento legal, igual que permite la libre expresión de sentir de sus pueblos, también obliga a cumplir las leyes y al desafío de Mas sólo puede contestarse con la ley en la mano.
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