La Justicia investigará al 'Govern' por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación
- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite la querella del Ministerio Público, que recoge también el cierre de las webs del referéndum.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El desafío secesionista que lidera y abandera el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, puede acabar con él entre rejas. Puigdemont será investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, delito este último que conlleva penas de prisión. El TSJC admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía Superior de Cataluña contra Puigdemont y el resto de su Ejecutivo, por entender que el Govern hace un "uso ilegal de fondos públicos" con el referéndum. La Fiscalía Superior de Cataluña se ha querellado también contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron admitir la ley del referéndum y la de transitoriedad -recurrida ayer ante el Constitucional por el Gobierno-, por "su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales".
Pese a las actuaciones del Gobierno del Estado, del TC y de la Fiscalía contra el 1-O, Puigdemont ya ha anunciado que no tiene intención de paralizar la organización del referéndum. En un vídeo difundido a través de su cuenta en Twitter, el presidente catalán anunció que acudirá a la manifestación independentista del lunes en Barcelona con motivo de la Diada del 11 de septiembre, una movilización que ha pedido que sea "masiva" en respuesta a la "ola de amenazas, obstáculos, querellas, utilizaciones de las estructuras y cloacas del Estado".
Posteriormente, en un acto ANC celebrado en la plaza Cataluña de Sant Joan Despí, Puigdemont, admitido que su defensa total del referéndum le pone en una situación no fácil, pero aseguró que esto no le hará replantearse nada: "Algunos arriesgaremos mucho. Iremos hasta el final y os garantizamos que el Govern no fallará". El jefe del Ejecutivo catalán se reafirmó en que ni las querellas de la justicia ni lo que considera amenazas del Gobierno central frenarán su determinación de convocar una consulta: "Estamos dispuestos a todos para que el día 1 de octubre haya un referéndum. No escatimaremos ningún esfuerzo".
A los asistentes al acto les dijo: "No os dejéis confundir, no os dejéis engañar por los que dicen que no tenéis capacidad de decidir vuestro propio futuro con miedo y amenazas", y pidió aprovechar esta Diada para llamar a una gran participación el 1-O.
En su querella, la Fiscalía pide al Alto Tribunal catalán que se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes "para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados", incluyendo la exigencia de fianza, y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que se fije. El fiscal considera que Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de miembros del Gobierno autonómico que firmaron el decreto de convocatoria pudieron cometer los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, y pide a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra que adopten todas las medidas necesarias para impedir el referéndum.
Entre estas medidas se incluye la retirada de urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales y elementos informáticos, y además el fiscal pide que -si es necesario- se dé autorización para la entrada y registro en domicilios y otros recintos que requieran orden judicial.
La fiscalía también pide como medidas cautelares el cierre de la página web de la organización del referéndum garanties.cat, que se dirija un oficio a los directores de medios para que no incluyan propaganda institucional por el referéndum en su programación y publicaciones y que se aperciba a todos los alcaldes catalanes para que impidan que se facilite cualquier recurso material o personal para la consulta. El fiscal pide estas medidas porque la conducta de los querellados para impulsar el referéndum se acerca "casi a la frontera de la evidencia o flagrancia delictiva".
"Parece obvio que la progresión de la conducta de los querellados no deja lugar a dudas sobre la verdadera intención de que se celebre un referéndum que tiene por finalidad desmontar todo el orden constitucional", afirmala Fiscalía, asegurando que, si no se toman las medidas, se podría alcanzar la fase de agotamiento delictivo.
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