jueves, 1 de junio de 2017

ESTIBA

                                                               ESTIBA, UNA REFORMA
                                                                   IMPRESCINDIBLE

Por segunda  vez en la legislatura, el Gobierno aprobó un real decreto ley para modificar la normativa
nacional que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaro contraria a la competencia. Han pasados algunos meses desde que el congreso se negó a convalidar el primer intento, que ni siquiera contó con el respaldo de Ciudadanos, principal socio del PP en términos numéricos. En este tiempo el Gobierno ha negociado contar con el apoyo del PNV y obviar la oposición del PDeCAT, tras permitir el nuevo texto del decreto que los estibadores sean quien manipulen los vehículos que salen o entran por los puertos españoles, lo que para el de Barcelona era una cuestión importante. Otro cambio significativo es que, aunque se liberaliza el acceso a la profesión,ya no se exige una titulación de Formación Profesional, puesto no que no hay ninguna especifica -seria deseable crearla- y se sustituye por el requisito de realizar 660 horas de practica profesionales, el 75% de ellas en puertos, mediante un programa gestionado por Sepes, Sociedad del Ministerio de Empleo. Estamos ante una reforma imprescindible, no solo porque una sentencia obliga a ella e incumplirla tendría indeseable repercusión  económica (una multa diaria de 134.000 euros hasta que se corrija), sino porque es necesario acabar con el monopolio que impide la libre contratación de estibadores por las empresas, que ha convertido las sociedades de estiba -en sus múltiples formas jurídicas adoptadas- en el peor ejemplo de nepotismo o subasteo del puesto de trabajo que se ocupa. Los estibadores han recibido este decreto ley anunciando huelga en mayo y junio porque la reforma delegada la  subrogación o no de su empleo -  y las ventajosas condiciones de éstos- en un real decreto posterior, que se prevé que se apruebe después de que el Congreso convalide
la nueva ley. Lo que menos necesitan los puertos es conflictividad. Llamamos al dialogo entre las partes para evitar la paralización de los muelles españoles.

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