La Policia Judicial se presento con una orden de registro en el Ayuntamiento de Tomares, gobernado por el secretario general del PP-A y numero dos de Zoido, Jose Luis Sanz, y requisó dos ordenadores tras conocerse la imputación por presunta prevaricación y malvesacion de caudales públicos del lugarteniente del propio Sanz en el consistorio y secretario general del PP en Sevilla, Eloy Carmona, y de dos concejales mas.
El origen de la investigación judicial radica en la denuncia de la oposición sobre presuntas facturas y/o contratos falsos por parte de un supervisor externo con el que se habia comprometido el alcalde como compensación por no ser elegido edil en las listas del PP. La imputación es aquella fase del procedimiento en la cual la justicia investiga si hay base para sostener una acusación, pero los politicos han pervertido la figura hasta equipararla a culpalibidad. Sanz y Carmona se han sinificado particularmente en este sentido señalando con el dedo cuando los escandalos (ERE, Mercasevilla, Invercaria...) salpicando a otros partidos, por lo que si fuera consecuentes con sus exigencias de dimisiones ajenas por imputaciones deberian aplicarse a si mismo sus propias recetas. Sin embargo, han preferido adoptar la tactica del avestruz y no dar la cara, al contrario que Zoido en el caso Madeja. El escandalo deja a Sanz seriamente tocado en la carrera sucesoria por liderar el PP andaluz.
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