sábado, 14 de febrero de 2015

CORRUPCIÓN

Corrupción- Los investigadores de la UDEF tienen cifrados en unos 2.000.
Nueva operación por el fraude de los cursos de formación
Sigue abierta- Se llevan realizadas 17 detenciones, una cifra que podría elevarse hasta las 90.
Imputados- Entre ellos se encuentra la exalcadesa socialista de Jerez de la Frontera Pilar Sánchez.
Muy extendido- Hay abiertas diligencias en juzgado de todas las capitales, exepto Jaén.
La Policía Nacional está llevando a cabo en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería una nueva operación por el supuesto fraude en la concepción de subvenciones a empresas para cursos de formación, en la que la mañana de ayer se produjeron 17 detenciones, una cifra que podia a elevarse hasta los 90 y verse afectado 52 empresas.
Fuentes de la investigación a informado a Efe de que la operación Edu Costa, continuación de la Edu, ésta siendo desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional y se puede prolongar varios días con arresto y registros.
Entre las personas imputadas que ya han declarado ante la Policía, se encuentran la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez y el concejal del PSOE de Roqueta del Mar 
(Almeria) Juan Fernando Ortega Paniagua.
Sánchez, que ya fue condenada a dos años de cárcel por desviar fondos del Plan E para el pago de gastos corrientes municipales, dijo que había declarado durante ocho minutos en relación a supuestas irregularidades en los cursos de formación que solicito Mercajerez, una sociedad mixta que ella presidia como alcaldesa aunque las gestiones correspondia al vicepresidente y al gerente.
Juan Fernando Ortega, que según el PSOE renunciará a su acta de concejal y a la militancia , confirmó su imputación, así como la de su exmujer  y su hija, y aseguró que su empresa había impartido los cursos adjudicados mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, "los alumnos han asistido, los profesores han echo su trabajo, no soy consciente de haber cometido ninguna irregularidad".
En Málaga, la investigación afecta a diez empresas y los arrestos que se están practicando están relacionados con una convocatoria de ayudas de noviembre de 2010.
Entre los detenidos en Málaga hay alumnos, profesores y empresarios, y las fuentes destacaron que son arrestos policiales no por orden judicial.
En la provincia de Cádiz la Policía interrogo a numerosos testigos, muchos de ellos alumnos y profesores, y esta investigando la empresa Codenet, que obtuvo ayuda para unos cursos que impartió en 2010 y que negó "categóricamente" haber cometido "irregularidades alguna".
La operación Edu contra el fraude en los cursos de formación que fue activada, comenzó en abril de 2014 con una investigación iniciada por la UDEF tras una denuncia de la Seguridad Social, en la que se a visto implicado decenas de empresarios y políticos que, según las investigaciones habrían defraudado unos 2.000 millones de euros.
La investigación se centra en la concesión de subvenciones del Gobierno andaluz, sobre todo en la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de diciembre de 2010, un caso que se conoció  durante la precampaña de las pasadas elecciones europeas , y que afectaría a un gran número de empresarios.
Las empresas investigada, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), habrían en la documentación presentada junto a las solicitudes para acceder a las ayudas con el fin de simular la experiencia en formación que se exigía en la convocatoria.
La investigación policial aprecia también caso de facturas falsas con la que las empresas justificaban gastos no realizado, falsificaciones en los partes de asistencia de los alumnos  y suplantación de los monitores que debían impartir las enseñanzas para  "inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia".
Igualmente se descubrieron incumplimientos sistemáticos tanto en los contratos como en las obligaciones posteriores de las empresas, ya que la mayoría no presentó la documentación requerida "para liquidación y justificación ".
En abril de 2014, la Fiscalía Superior de Andalucía repartió  entre diferentes juzgados andaluces las diligencias abiertas por el uso de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo.




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