El abastecimiento de agua potable ha ganado centralidad en el debate ciudadano en todo el mundo desde que la ONU reconoció en 2010 el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano. En la EU, organización cívica y sindicales promovieron la primera Iniciativa Ciudadana Europea exitosa para reclamar a las instituciones europeas la regulación efectiva del derecho humano al agua, actualmente en el Parlamento Europeo.
Uno de los motivos de preocupación es la tendencia a la privatización de la gestión del agua. Desde los años 80 se ha producido un proceso silencioso de apropiación privada de la gestión del agua, con consecuencias negativas en numerosos lugares, lo cual ha provocado movimiento de retorno hacia la gestión publicas en ciudades como París o Berlín. Andalucía no ha estado al margen de esta problemática. De hecho, la privatización ha generado conflictos en Puente Genil, El Puerto de Santamaria, San Lucas de Barrameda, Jerez, Roqueta oPriego.
La formula de privatización de la gestión mas utilizada en Andalucía es la concesión a una empresa privada. El agua es de titularidad publica y la gestión del servicio competencia de las entidades locales, pero la gestión se adjudica en concesión a una empresa privada. En todos los casos la empresa privada paga a la entidad local una importante suma de dinero a cambio de la concesión,denominado canon concesional que, en vez de dedicarse a mejorar las infraestructuras, se
destina a aliviar las finanzas municipales y es repercutido en tarifa a los usuarios, junto a los intereses correspondientes, sin transparencia. Lógicamente para poder dar plazo suficiente a la devolución de esas cantidades, los contratos de concesión se hacen por periodos largos 25 o más años. En esta situación, de facto, se pierde el control de la gestión por parte del municipio.
Tras analizar los servicios de aguas de Andalucía, Garcia - Rubio y Gonzalez - Gómez, de la universidad de Granada, han confirmado que aunque el porcentaje de municipios que tienen privatizado sus servicios de abastecimiento apenas supera el 13%, se trata de casi la mitad de la población andaluza. Los datos referidos a 2016 son reveladores: el 74,84% de los municipios andaluces mantienen una gestión publica del agua, frente al 13,49% que han privatizado y otro
11,67% mantienen una gestión mixta, que a los efectos prácticos ves igual a la privada. sin embargo el 44,57% de la gestión del agua del agua de la población andaluza esta en manos privadas. La foto del municipio privatizado se define por tres aspectos:
Municipio endeudados. La privatización se plantea como loa solución más rapida para sanear la deuda. Después, la empresa tendrá que recuperar lo invertido lo cual se hará via recibo del agua, sin transparencia , con lo cual quien sanea esa propia deuda es la población que, ademas, quedara condenada en su gestión y atada por la deuda a los designios de una empresa vque se rige por criterios de eficiencia económica (que no sociales, o ambientales).
Municipio con una población superior a los 50 mil habitantes. Se garantiza una clientela numerosa para que les resulte rentable dar el servicio y asegurar y superar las cantidades abonadas como préstamo.
Renta por habitante alta. Así, loa segura subida de los recibos cuando se privatice cuenta con la garantía de que podrá ser soportada por la familias, pudiendo tener severas implicaciones de accesibilidad al recurso por parte de ciudadanos vulnerables.
Además, según el estudio, loas privatizaciones se concentraran en municipios costeros y en los vde gran población. También desmonta el argumentario de las empresas privadas y concluye que loa privatización de la gestión de los servicios urbanos de agua no es la solución a los multiples desafíos y problemas que enfrenta al sector en Andalucía: falta de recurso en municipios pequeños, obsolescencia de un volumen importante de redes, déficit de inversiones, cooperación insuficiente entre municipios, estructuras administrativa compleja e ineficiente, ausencias de reglas y directrices para la gestión técnica del servicio, laxitud en los controles del agua, ausencia de transparencia y bajos niveles de participación ciudadanba.
En resumen, sólo se privatiza con el único objetivo de financiar a los ayuntamientos, por lo que es absolutamente necesario avanzar en una regulación normativa del sector a niveles Estatal y Andaluz.
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