El Supremo alivia la tensión
- El juez impone una fianza de 150.000 euros a Carme Forcadell para salir de prisión, después de que rectificase y se comprometiese a dejar la política o ejercerla dentro de la Constitución
El Tribunal Supremo alivia la tensión catalana. Un suspiro se ha oído desde Moncloa. El juez Pablo Llanera ha impuesto fianzas de 150.000 euros a la ex presidenta del Parlamento Carme Forcadell para eludir la prisión provisional y de 25.000 euros para el resto de los miembros investigados de la Mesa, menos para Joan Josep Nuet, ex dirigente de IU que votó en contra de la declaración de independencia de Cataluña. Lluís Corominas, Lluís Gimó, Anna Simó, y Ramona Baturret tienen un plazo de una semana para pagar los 25.000 euros, por lo que fueron puestos en libertad en el momento. No correrán la misma suerte que Oriol Junqueras y los otros siete consejeros en situación de prisión incondicional.
Forcadell fue llevada a prisión en un coche de la Policía, pero podrá salir en cuanto abone la cuantía. El juez Pablo Llanera adoptó esta decisión después de que los investigados declarasen que se desvinculaban del proceso, lo que les evita incurrir en uno de los tres supuestos que les hubiese llevado a la prisión sin fianza: la reiteración del delito. A la Fiscalía no le pareció creíble este ablandamiento de los investigados, excepto en el caso de Barrufet, por lo que solicitó la prisión incondicional. Llanera explica en su auto que los investigados no seguirán en política y, si lo hacen, serán dentro de los esquemas constitucionales. El juez sí ve posible los delitos que aprecia la querella de la Fiscalía, incluido el de rebelión, penado hasta con 30 años de prisión.
La interpretación que el juez hace del delito de rebelión es muy aclaratoria, por cuanto considera que el requisito de violencia no significa que se haga uso de la fuerza física, sino que basta con una amenaza de emplearla. En este caso, el instrumento no serían las armas, sino las movilizaciones masivas, algunas de las cuales, como la que se realizó durante el registro judicial de la Consejería de Economía, sí se ejercieron como coacción. En el auto se describe que había un "violento germen que amenazaba con expandirse". "Es violento cuando se destina a intimidar a los poderes legalmente constituido, bien mediante la fuerza expresa (…) bien mediante exteriorización pública y patente de que se está dispuesta a utilizar a todo trance", se explica.
La decisión del Supremo tendrá una consecuencia judicial aún más importante, ya que el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los otros siete ex consejeros encarcelados podrán alegar que, ante los mismos hechos, le den un trato similar. A esto se puede llegar si el Supremo termina por quedarse con el caso que instruye la Audiencia Nacional y siempre que Junqueras y los ex consejeros procedan del mismo modo. A diferencia de éstos, Forcadell y los otros cinco investigados sí respondieron a las preguntas del fiscal. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela les impuso la prisión incondicional. No obstante, el auto del Supremo matiza que estos investigados crearon la base paralegal para la independencia, y que pudieron ser otros quienes ejecutasen las acciones.
La declaración ante el juez del Supremo han supuesto una rectificación en toda regla de quien ha sido una de las mayores activistas de la independencia y ejecutora en la Cámara de la aprobación de las dos leyes de ruptura. En la vistilla, la reunión final donde las partes piden la adopción de medidas cautelares, Forcadell, Lluís Corominas, Anna Simó y Lluís Guimó insistieron en que ellos ya estaban desmarcados del proceso. Seguían los pasos de otra acusada, Ramona Barrufet, cuya rectificación le había valido que la Fiscalía solicitase para ella una fianza de 50.000 euros eludible bajo fianza. Los investigados acataron de modo expreso el 155, por el que quedó disuelto el Parlamento, y restaron importancia jurídica a la proclamación de la república.
La declaración de Carme Forcadell no sólo supone un cambio de estrategia de defensa ante los tribunales, sino una rectificación en toda regla sobre sus pronunciamientos públicos. Tanta rectificación que es imposible de creer. Así, tanto Forcadell como los otros miembros de la Mesa del Parlamento explicaron que la declaración de independencia fue "política", por lo que carece de valor jurídico. No fue eso lo que ocurrió en el Parlamento el día 27 de octubre, cuando se le dio validez jurídica a los resultados del referéndum del 1 de octubre y se instó al Gobierno de Puigdemont a poner en marcha, mediante decretos, la ley de transitoriedad hacia la república catalana. Prueba de ello es que los servicios jurídicos de la Cámara advirtieron de la ilegalidad.
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