lunes, 3 de julio de 2017


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La oposición y el chavismo disidente planean un plebiscito contra Maduro

Ambas partes tratarán de frenar la Constituyente en una reunión previesta este lunes en Caracas
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Protesta opositora en la autopista caraqueña Francisco Fajardo este sábado - AFP
La oposición y el chavismo disidente planean la convocatoria de un plebiscito o referéndum contra el presidente Nicolás Maduro y su intención de celebrar una Asamblea Nacional Constituyente. Su objetivo es buscar una salida a la profunda crisis que atraviesa Venezuela. Esta iniciativa forma parte del acuerdo que se prevé que suscriban ambas partes durante una reunión programada para este lunes en Caracas.
El diario venezolano «El Nacional» apuntó que la consulta constaría de tres preguntas. La primera sobre la continuidad de Maduro en la presidencia y la segunda sobre la conveniencia de una Constituyente comunal. Aunque no se ha precisado su texto, habría una tercera pregunta relacionada con el papel de la Fuerza Armada Nacional frente a la violación de la Carta Magna.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se ha puesto en contacto con exministros del desaparecido presidente Hugo Chávez,militares retirados y dirigentes de Marea Socialista (grupo de chavistas contrarios a Maduro), entre otros, para que asistan este lunes a la presentación del documento que plantea una transición democrática y una salida electoral a corto plazo en Venezuela.

La reunión, que está previsto que se celebre en el Teatro del Centro Cultural de Chacao, ha sido promovida por diversas organizaciones y movimientos políticos integrados en la MUD. La exdiputada opositora María Corina Machado es una de las principales promotoras de este encuentro con el «chavismo democrático».

Incógnita sobre los asistentes

La diputada del partido opositor Primero Justicia, Marialbert Barrios, se reservó los nombres de los dirigentes del oficialismo que podrían acudir a la convocatoria de la MUD, pero destacó que este lunes enviará un mensaje a los partidarios del chavismo amenazados por Maduro y a la comunidad internacional. «El pueblo no se divide; cada día se hace respetar y sale a las calles a protestar por la falta de comida, del gas, y está dispuesto a unirse para defender su derecho a vivir en libertad», resumió la diputada opositora.
Los sectores políticos ven con buenos ojos el acercamiento de los chavistas disidentes a la oposición democrática para buscar puntos en común que permitan salir de la aguda crisis y de la amenaza de la Constituyente de Maduro, que rechaza el 90 por ciento de los venezolanos y que será sometida a votación el próximo 30 de julio.
«Juramos trabajar sin descanso por la reconstrucción de Venezuela»
Las diferentes organizaciones que integran la MUD, por otro lado, tomaron juramento este domingo a los miembros de los Comités de Rescate de la Democracia (CRD) en las diferentes plazas y parroquias de Venezuela. Esos comités están integrados por los representantes de las comunidades de vecinos que se han incorporado a la defensa de la Constitución de 1999.
«Juramos ante Dios y la República respetar y hacer respetar los principios por los cuales se levanta esta nación: independencia, libertad y justicia, y trabajar sin descanso por la reconstrucción de nuestro país», declaró el diputado Juan Andrés Mejías en el municipio caraqueño de Baruta.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó para el 30 de julio unos comicios para designar a quienes redactarán un nuevo ordenamiento jurídico a través de una Constituyente. La alianza opositora, sin embargo, insta a sus seguidores a que continúen las protestas en las calles que comenzaron hace tres meses y que se preparen para impedir que los colegios electorales sean utilizados «para un fraude». Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, declaró que la lucha continuará con más fervor porque quedan pocos días para detener la Constituyente de Maduro.
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domingo, 2 de julio de 2017

reforma, calendario y pacto educativo

                                            REFORMA, CALENDARIO Y PACTO EDUCATIVO

 Si la necesidad de un pacto es subrayada cada vez que las reformas sobrevuelan el ordenamiento del sistema educativo , razón de mas cuando las coyunturas electorales y políticas  llevan a modificar aspecto básicos de tal sistema. Los preámbulos  de las leyes  educativas, aunque no están atribuidos  del mismo carácter jurídico de las disposiciones, incluye manifestaciones importantes.
Así, la Ley Orgánica de Educación (LOE) sostiene que "en la instancia, la Ley se asienta en la convicción de que las reformas educativas deben de ser continuas y paulatinas y que el papel de los lesgisladores y de los responsables de la educación  no es otro que el favorecer la mejora continua y
progresiva  de la educación  que reciben los ciudadanos". Loable intensión si se estima que la continuidad de las reformas debe de tener  un marco o sustento estable  que no altere  el sistema educativo  en sucesivos  y cortos periodos de tiempo por lo general coincidente con las alternativas en el Gobierno, sino sobre el que pueda acometerse esas reformas continuas y paulatinas".
No muchos años después, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LONCE 2013), señala que "La técnica normativa normativa elegida de Educación (LOE) responde  a las recomendaciones de la OCDE basada en mejoras practicas de los países con sistema educativo con mejores resultados en lo que las reformas se plantean de manera constante sobre un marco de estabilidad general según se van detectando insuficiencia o surgen nuevas necesidades. La propuesta
de la L0MCE surge de las necidadad de dar respuesta a problemas concretos de nuestro sistema educativo que están suponiendo un lastre para la equidad social y la competitividad del país primando  la consecución  de un marco de estabilidad y evitando situaciones extraordinaria  como las vividas  educativo  educativo en los últimos años".
Igualmente aceptable propósito  que tres años después y unas elecciones  entre medias ante la aplicación  de las evaluadas  finales  de etapa- mas conocidas como reválidas-, es revisado.  tal se afirma  en el Real Decreto- ley  5/2016 de 9 de diciembre de medida urgente para la ampliación  del calendario de ampliación  de la Lomce : "se constata en la sociedad  y en la comunidad educativa  una exigencia dirigida a todas las formaciones políticas para alcanzar un acuerdo en materia educativa que dote de estabilidad normativa a este elemento esencial para el desarrollo personal  de los ciudadanos y para la convivencia y el progreso económico de nuestro país".
Es apreciable, por otra parte que la "técnica" elegida para dejar sin efecto  cambios convertidos o sin consenso de las reformas educativas  consiste en ampliar- mas bien demorar- su calendario de ampliaciones  de modo que se cuente con tiempo para elaborar  y aprobar una nueva ley. Pero los efectos de este proceder provocan desajuste relevantes al coexis contenidos que han entrado e vigor
 con otros  que quedan demorado hasta un "Pacto de Estado Social y Político por la Educación" que debería dejar de ser una misión imposible.
Dos muestras bastan para advertir tales efectos. El titulo de graduado  en Educación  Obligatoria (ESO) puede Obtenerse con una calificación media de la etapa inferior a 5 puntos. Trae causas estas circunstancias de la modificación  de un precepto  de la Lomce que establecía para la obtención, del titulo  de Graduado  en ESO, la necesidad de superar evaluación final (con calificación igual o superior a 5 puntos así como una calificación final de la etapa igual o superior así como una calificación final de la  de la etapa igual  o superior a 5 punto sobre 10. Y esta se obtiene de una ponderación  de la media de loa media de las calificaciones de cada una  de las materias pendiente siempre que no sea simultaneamente. Lengua Castellana  y Literatura, Matematicas menos las dos pendientes  que se califica con menos de 5, obtienen  el titulo con una calificación  media de la ESO
inferior a 5 puntos. Por otra parte, las evaluaciones finales no solo han cambiados su caracter academico por un diagnostico sino que este no podrá obtener si bien de todo el sistema porque se realiza con una muestra establecida  en cada comunidad Autónoma en lugar de a todo el alumnado
 y si las pruebas común inicialmente establecida.
Urge, por ello un pacto sustantivo y estable, todavía mas por la desajustada transitoriedad que afecta al sistema educativo y los inconvenientes efectos de la demora del calendario.



















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sábado, 1 de julio de 2017

COLAU


España

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Colau se alía con el secesionismo y rechaza actuar contra el referéndum

Los comunes de Barcelona rechazan una propuesta del PP contra la celebración de la consulta que su socio en el consistorio, el PSC, sí arropa
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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau - EFE
ANNA CABEZA / Daniel Tercero Barcelona - Actualizado: Guardado en: España
Nuevo guiño del gobierno del Ayuntamiento de Barcelona al independentismo, que ayer desaprovechó una ocasión de oro para desmarcarse del referéndum ilegal que quiere llevar a cabo la Generalitat de Carles Puigdemont justo dentro de tres meses. El gobierno de Ada Colau pudo y no quiso dejar su ambigüedad a un lado y descartó decir abiertamente que no arropará una consulta ilegal. Su posicionamiento abrió una nueva brecha con sus socios de gobierno, el PSC.
Igual que han votado recientemente otros ayuntamientos catalanes, el pleno municipal de ayer en Barcelona tuvo como protagonista una propuesta del PP que pedía al consistorio no apoyar ni promocionar medios ni personal municipal para la celebración del anunciado referéndum del 1 de octubre. La votación, que fue nominal, permitió ver el posicionamiento uno a uno de los ediles barceloneses, incluida la de la alcaldesa Colau, que sigue de baja pero que ayer acudió al pleno por primera vez tras su maternidad porque, como hace meses dejó claro, no quería que su voto en cuestiones importantes se perdiera por su ausencia.
La petición quedó rechazada, con 28 votos en contra de BComú, grupo Demòcrata, ERC, la CUP y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy. Además de demostrar que los «colauistas» siguen, una vez más, el juego al independentismo, la votación sirvió para constatar de nuevo la difícil relación del bipartito municipal: BComú dejó claro su «no» rotundo mientras que su socio, el PSC, hizo lo contrario, situándose al lado de Cs y PP: sus 11 concejales presentes sí arroparon la iniciativa popular.

«Esto ya no es una consulta como el 9-N y tampoco es un proceso participativo», reprochó el presidente municipal del PP, Alberto Fernández, que recordó al gobierno local que «el tiempo se acaba y es hora de dejar de lado las ambigüedades», y que ya no valen los «sí, pero no» o «no, pero sí». En una línea similar se mostró la líder de Cs, Carina Mejías, que tras criticar la «situación ridícula» a la que se ha llegado en el proceso secesionista -a día de hoy sin detalles, censo ni urnas, comentó- exigió «que se acabe la parodia» y pidió al gobierno de Colau que deje de ser «el oxígeno del independentismo».
El alcalde accidental y portavoz de BComú, Gerardo Pisarello, rechazó apoyar la propuesta porque a su parecer, «es la enésima maniobra del PP para instrumentalizar este tema» y porque además no apoyar el referéndum implica una «criminalización preventiva» de la consulta, que, reiteró, ellos quieren que se celebre de manera acordada.
A estas dos posiciones enfrentadas se sumó la de Jaume Collboni, líder del PSC, que lejos de aliarse con su socio de gobierno, aprovechó su turno de palabra para cargar contra la Generalitat por haber dividido a los catalanes y a la par contra el Gobierno de Mariano Rajoy, al que calificó de «ciego, sordo, mudo e inútil para solucionar el problema». «La vía unilateral no tiene solución. No hay solución contra las leyes y tampoco hay solución solo con la ley», sentenció Collboni.
Por su parte, los socios en la Generalitat -PDECat y ERC, que en el Ayuntamiento no están aliados- reiteraron que el referéndum se celebrara. «No existe tanto poder para tanta democracia», aseguró el portavoz del grupo Demòcrata, Joaquim Forn, que se comprometió «a hacer todo lo posible» para que se pueda llegar a celebrar. Alfred Bosch, líder de ERC, acusó al PP de «hacer un boicot a la democracia» con su postura.

Socialistas en cuestión

Durante el debate, varios grupos municipales aprovecharon para dar un ultimátum a Colau instándola a que rompa su acuerdo de gobierno con los socialistas, vistos sus posicionamientos antagónicos sobre el referéndum ilegal. Entre los más tajantes, la CUP, cuya edil Maria José Lecha animó a «echar a los socialistas del gobierno el 2 de octubre». En esta tesitura se encuentra el PSC, formación que en apenas unos días ha votado la misma propuesta de forma diferente según el minucipio en el que se planteaba.
Así, a diferencia de lo votado en Barcelona, el PSC de Hospitalet de Llobregat se abstuvo -la propuesta no prosperó- y en Viladecans votaron en contra. En Castelldefels, sin embargo, el PSC -que ostenta la alcaldeía desde hace dos semanas por un pacto con la izquierda radical- ni permitió que se votara. Y, en Lérida, por ejemplo, el PSC se posicionó en contra de ceder espacios municipales el 1 de octubre. Por otra parte, el alcalde de Blanes, Miguel Lupiáñez, que hace unos días comparó España con el Magreb y aseguró que votará en el referéndum ilegal, pidió disculpas al iniciar el pleno municipal de este jueves por la noche.
«Quiero pedir disculpas a cualquier persona que se haya sentido ofendida por la comparación que hice. Fue un error, no supe expresar bien mis opiniones. Pero reitero que no pretendía ofender a nadie», indicó. Y añadió, sin embargo, que « quien ha querido hacer interpretaciones parciales o tergiversar (...) lo ha hecho movido por intereses políticos. Con el objeto de faltar a la verdad, hacer daño y, sobre todo, crear polémica».
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