La continuidad de
Manuel Moix como jefe de la Fiscalía Anticorrupción cuelga en estos momentos de un hilo muy fino. El Gobierno, que en las últimas semanas ha respaldado su labor, ha optado este miércoles por establecer distancias con él después de publicarse que posee desde 2012 el 25% de una sociedad offshore en Panamá tras la que se camufla un chalé heredado de sus padres en Collado-Villalba (Madrid). La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha eludido dar su apoyo a Moix y ha recordado que su nombramiento y posible destitución corresponde al fiscal general del Estado,
José Manuel Maza.
Desde que el pasado lunes por la noche
el diario digitalInfolibre publicara la noticia de la sociedad panameña heredada por Moix y sus tres hermanos, el clamor pidiendo la dimisión o la destitución del fiscal jefe anticorrupción no ha hecho más que crecer. Los partidos de la oposición redoblaron la ofensiva iniciada el martes y las asociaciones de fiscales han desechado las explicaciones de Moix —respaldadas por documentos— sobre la legalidad de su actuación y sobre el hecho de que la sociedad panameña está debidamente declarada a Hacienda. Unos y otros ponen el acento en los aspectos éticos y, sobre todo, estéticos de que el máximo responsable de la lucha contra la corrupción tenga una sociedad en un paraíso fiscal.
El martes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmó con el monosílabo “sí” su confianza en Moix, reforzando en cierto modo la idea extendida de que la fiscalía no es orgánicamente independiente del Gobierno. Este miércoles,
la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha devuelto las aguas a su cauce institucional y, de paso, ha evitado dar su apoyo a Moix. La
número dos del Ejecutivo ha asegurado que este respeta la autonomía del ministerio público: “Cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía, es a la Fiscalía a quien le corresponde esos nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales”.
UN ABOGADO CONTRADICE A MOIX SOBRE LA SOCIEDAD PANAMEÑA
F.J.P
El abogado José Román Marín de la Bárcena ha desmontado este miércoles la idea lanzada por el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, de que se enteró de que sus padres habían constituido una empresa en Panamá para camuflar la propiedad del chalé de Collado-Villalba en el momento en que estos fallecieron, en 2008 y 2011. El letrado ha afirmado este miércoles a Infolibre que Moix “estuvo presente” cuando sus padres declararon ante una juez en 1989 por un supuesto alzamiento de bienes al haber puesto la vivienda, de seis habitaciones y cinco cuartos de baño, a nombre de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas.
El padre de Moix, Manuel Moix Martínez, decidió poner la vivienda a nombre de la sociedad panameña en pleno pleito con la constructora de la vivienda por discrepancias en una serie de pagos. El abogado de la constructora era José Román Marín de la Bárcena, quien ha asegurado que Moix, que por entonces ya era fiscal, “estuvo presente” en aquella declaración judicial de sus progenitores.
La familia y el constructor finalmente llegaron a un acuerdo sobre los pagos y la vía judicial quedó cerrada. Sin embargo, la titularidad de la vivienda siguió en manos de la sociedad panameña.
El propio Moix ha ofrecido versiones contradictorias sobre el momento en que supo que la vivienda de Collado-Villalba estaba a nombre de una sociedad en un paraíso fiscal. Pese a que esta se constituyó en 1988 con su hermana Margarita como apoderada, el fiscal Moix ha dicho, primero que se enteró en el año 2011, al fallecer su padre, y después, que lo supo en 2008, al morir su madre.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también optó públicamente por la frialdad hacia Moix, y derivó las posibles decisiones sobre el futuro de este a su superior jerárquico, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. “Es al fiscal general del Estado al que corresponde en su caso proponer un expediente para remover a Moix”, dijo Catalá, que añadió que el fiscal jefe “no está puesto ahí por la confianza del Gobierno”.
Seguir poniendo orden
Fuentes del Ejecutivo han señalado que veían dudoso que conociendo el talante y la trayectoria de Moix este fuera a renunciar voluntariamente al cargo, y han recordado que el Gobierno no tiene potestad para decretar su cese. Las mismas fuentes han sostenido que
Catalá ha pedido información sobre el caso de la empresa panameña de Moix al fiscal general Maza y que las razones sobre la estricta legalidad tributaria de la sociedad offshore le resultaron convincentes al ministro.
Las mismas fuentes gubernamentales han apuntado la teoría de que la crisis de la mercantil panameña de Moix deriva de la decisión del Gobierno de “poner orden” en la Fiscalía Anticorrupción, lo que ha enfrentado a Moix durante los tres meses que lleva en el cargo con algunos de sus subordinados. En cualquier caso, añaden las fuentes, si Moix no siguiera al frente de esa fiscalía especial, que lleva asuntos que afectan al PP, “su posible sucesor” seguirá con la consigna de tener la institución controlada, a diferencia de los 13 años de mandato de Antonio Salinas.
Al igual que el martes, ningún miembro de la dirección del PP salió en defensa de Moix. En privado, miembros de la cúpula conservadora, lo dan por “amortizado”. “Se puede pecar, pero es muy fuerte cuando el que peca es el cura que te da la excomunión”, opina un dirigente popular bajo condición de anonimato.
El propio Moix parecía este miércoles preparado para su salida. El jefe Anticorrupción ha asegurado, en una entrevista en Onda Cero, que tenía previsto hablar sobre su continuidad la noche de este miércoles u hoy jueves. “No le quepa duda. No me he planteado abandonar porque estoy con una conversación pendiente con el fiscal general del Estado, pero yo no tengo apego al cargo y cualquier solución me parece razonable (...) No tengo ningún interés en mantenerlo si se considera que no soy el más idóneo”, ha afirmado Moix en la entrevista.
El fiscal anticorrupción ha reconocido que es “indudable” que calculó “mal” la relevancia de la sociedad panameña. Y ha apuntado que si no informó a sus superiores antes de ser nombrado, fue porque consideró “irrelevante” este asunto ya que “no había incompatibilidad”.
Los partidos de la oposición han insistido en exigir la dimisión de Moix. “Tenemos que quitar a este fiscal anticorrupción que está poniendo en jaque la credibilidad de la Fiscalía”, ha dicho
Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en declaraciones a Cuatro.
La continuidad de Moix sirve, además, como munición política para la oposición. El Grupo Socialista en el Senado se ha unido a la petición de sus compañeros del Congreso y ha reclamado la comparecencia urgente del ministro Catalá y del fiscal jefe Maza para tratar sobre la sociedad offshore panameña del fiscal anticorrupción y sus tres hermanos.
LA ASOCIACIÓN DE FISCALES PIDE SU DIMISIÓN
Manuel Moix ha perdido a última hora de la tarde de este miércoles uno de los escasos apoyos con que ha contado a lo largo de sus tres meses al frente de la Fiscalía Anticorrupción. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, le ha pedido en un comunicado que ponga su cargo a disposición “por entender comprometida la imagen de imparcialidad de la institución”.
La Asociación de Fiscales, presidida por Jesús Alonso, apoyó el pasado febrero el nombramiento de Moix pese a que no tenía experiencia en Anticorrupción. El bloque conservador de la carrera fiscal tuvo en cuenta su trayectoria como fiscal superior de Madrid y las “mejoras organizativas” que incluía en el programa con el que se presentó al cargo.
La noticia de que Moix posee una sociedad en Panamá ha acabado con esta confianza. Pese a no cuestionar la legalidad de la actuación del fiscal, la asociación “advierte que las últimas informaciones suponen un menoscabo para la imagen de la carrera fiscal”.
Las otras dos grandes asociaciones de la fiscalía —Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— ya reclamaron la destitución de Moix el pasado martes tras conocerse la noticia.
